Con juzgados en los que los expedientes hacen simbiosis con las paredes y techos, el traspaso de la Justicia Ordinaria Nacional al ámbito porteño es crucial. Sabemos que es complejo y debe hacerse de forma tal de garantizar la estructura judicial, la obra social, la escala salarial y la amplia competencia que estos juzgados han tenido siempre. 
   La ciudad creó el Tribunal Superior, el Consejo de la Magistratura, y los fueros contenciosos, contravencional y penal. Este último para atender la transferencia en materia de delitos a cuentagotas que hasta hoy opera en CABA y que en definitiva, si continúa, podría significar la duplicidad de estructuras en materia penal. Así también las cuestiones de familia, no son ventiladas en una justicia local, ni las contractuales, ni la de la actividad comercial. Toda la vida social y económica de la Ciudad pasa por juzgados nacionales que dependen de la Corte Suprema, tanto como instancia de apelación como económica y funcionalmente.
     Este traspaso permitiría reformas que los propios jueces demandan, como la oralización del proceso civil, que es mucho más sencillo de debatir en la Legislatura que en el Congreso Nacional, en el que las provincias se preguntan por qué aún hoy tienen que aprobar leyes que afectan solo a la Ciudad. Es obvio que en la CABA hay muchas más chances de aprobarla, de que sea bien recibida y que los legisladores participen de ese debate convocando jueces para escucharlos. Esa inmediatez deseada ya no existe en el ámbito nacional.
     La Justicia Nacional goza de prestigio frente a las demás jurisdicciones, aunque es paria en términos de organización republicana, en tanto no es federal, pero depende de la Nación en un territorio con justicia y legislatura propias.