Documentos GEN CABA

Argentina está viviendo,  al igual que gran parte del mundo, los graves efectos de la pandemia originada por el virus Covid-19, que impacta de lleno en la salud de la población y en el sistema sanitario, pero que además tendrá consecuencias muy severas de índole económico y social, afectando a las personas, comunidades y en general a las posibilidades de desarrollo de los pueblos.

En ese marco, adherimos a la Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19. Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras.

La situación se torna aún más dramática por cuanto se ignoran las causas del fenómeno, tanto como la secuencia que podrá tener esta pandemia tanto a nivel global como regional y local, los costos humanos y económicos finales y su desenlace. La incertidumbre genera procesos de depresión, ansiedad, angustia y sufrimiento que también deben ser considerados.

Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio han resultado oportunas para mitigar en los primeros tiempos una mayor propagación del virus. Entendemos correcta la prolongación de ellas, así como la necesidad de planificar una salida escalonada para que, sin afectar la salud individual o colectiva, busque aminorar las tremendas complicaciones que ya se ven por la parálisis de la economía y el empleo, sobre todo en sectores autónomos e informales.

No hay duda, que frente a estas situaciones debemos revalorar dos cuestiones: a) el papel del estado: hoy más que nunca se advierte la importancia del gasto público sobre todo en la salud y la seguridad social, así como en lo que hace a la conducción del proceso y la toma de decisiones. b) la solidaridad y responsabilidad colectiva: que implica el cuidado propio y de los demás y la activación de mecanismos eficaces para destinar los mayores esfuerzos de los sectores que se encuentran en mejores situaciones hacia los que se encuentran en posiciones más vulnerables.

En el medio de ambas cuestiones es necesario resaltar que la emergencia no suspende garantías individuales ni la obligación de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Al contrario, deben extremarse los cuidados, medidas y acciones para que todas las personas puedan contar con la mayor tranquilidad en el ejercicio de sus derechos individuales. Y el gobierno no puede soslayar de ninguna manera la implementación de buenas prácticas y controles exhaustivos en la ejecución de las partidas presupuestarias.

Frente a las compras de alimentos con sobreprecios se impone una severa investigación y la determinación de responsabilidades penales a quienes corresponda. Es imposible mirar para otro lado como si nada hubiera ocurrido. La corrupción es siempre condenable, pero es imprescindible que no quede impune el aprovechamiento de esta extrema situación de emergencia.

La participación ciudadana, el funcionamiento de una institucionalidad confiable para sostener el diálogo entre todos los sectores políticos, socioeconómicos, intelectuales, tanto frente a las actuales urgencias como en el retorno a la estabilidad, resultan esenciales para trasportar en el tiempo las enseñanzas que esta situación nos está brindando.

Del mismo modo en que se ha conformado un Comité Científico que asesora al Presidente en materia sanitaria, debería crearse, con carácter de urgente, un ámbito similar para abordar las cuestiones económicas, productivas, laborales, con personas de reconocida trayectoria técnica, a fin de establecer las medidas y la planificación necesaria para cada etapa.

No parece razonable la pretensión de celebrar los bajos números que ofrece hoy el desarrollo de la pandemia en nuestro territorio comparado con otros. No hemos llegado al punto en el que sí se encuentran otros países, pero tampoco tenemos resultados ciertos y suficientes por cuanto no se han realizado testeos masivos y se trata de una práctica necesaria y de ejecución demasiado demorada.

Argentina viene sufriendo una pobreza estructural del 35% y más de ese porcentaje engrosa las estadísticas del trabajo informal, con 8 años de recesión que viene golpeando a las pymes y su capacidad de asegurar fuentes de empleo, sumado al tremendo endeudamiento del país. Estas cuestiones, como el problema de la inflación y otros, no deberían quedar tapados por la pandemia ni descuidar los esfuerzos para encontrar soluciones urgentes.

El sufrimiento económico va a ser grande. Tenemos que estar preparados, y mirar con atención hacia aquellos con mayores dificultades. No será igual para quienes tengan un sueldo asegurado que los cuentapropistas. No va a ser igual para grandes empresas con espalda que para la pyme. No es lo mismo para quienes tienen techo y comida que para los privados de esos derechos fundamentales. Hay que pensar en los más pobres, pero también en quienes pasarán a esa franja como consecuencia de la pandemia. De manera particular, habrá que atender con subsidios a quienes producen, al que tiene un pequeño comercio o una de las tantas prestaciones de servicios de las que han quedado paralizadas. No sirven los créditos que se ofrecen y cuyas tasas siguen estando en niveles intolerables y marcados aún por la especulación en la emergencia.

La salida del aislamiento deberá ser escalonada, permitiendo a los distintos sectores sociales, económicos y productivos, acceder a su vuelta al trabajo, sin poner en riesgo la salud.

Hay que terminar con la cultura de individualismo, la salvación individual o echando la culpa a otros. Hay que asumir con responsabilidad comunitaria las obligaciones del presente y también el mediano y largo plazo, con un sentido trascedente y cooperativo. El pánico no puede ganarle a la vida, ni la sensación de un enemigo invisible.

Hoy más que nunca se impone la urgencia de la ejemplaridad desde todos los liderazgos, para reconstruir una cultura de cooperación y confianza por la que podremos salir adelante y reforzar los valores éticos de la convivencia.

Por todo lo expuesto, y a mérito de la situación conocida, el Partido GEN declara:

1. Apoyamos las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales frente a la pandemia, debiéndose disponer con premura la realización de testeos masivos que puedan mejorar nuestro diagnóstico y la atención temprana de los infectados; y solicitamos la urgente reglamentación e implementación del Decreto N° 332/2020 del PEN, Programa de Emergencia y Asistencia al Trabajo y la Producción.

2. Sugerimos constituir un Comité de crisis con personas reconocidas y grupos universitarios, para asesorar al Presidente de la Nación en el abordaje de la emergencia económico-social, productiva y del empleo,  y las futuras etapas de salida del aislamiento preventivo obligatorio.

3. Demandamos la puesta en marcha de un plan específico frente a la crisis para paliar la situación de los sectores económicos y productivos dentro de los que se encuentran las pymes, monotributistas y autónomos. Así como instamos al gobierno a agilizar la puesta en marcha de una agenda económica que atienda la problemática de la inflación y la deuda, trabajando a nivel global para demandar las contribuciones necesarias de los organismos internacionales de crédito y una mayor cooperación de las naciones desarrolladas.

4. Reclamamos dejar sin efecto cualquier política dirigida al control social que pueda ser restrictiva de la libertad de expresión o que de cualquier manera pueda conculcar derechos fundamentales de las personas. Y a asegurar el funcionamiento pleno del sistema de justicia, evitando decisiones que puedan mostrar la existencia de privilegios o fueros de personas o sectores, afectando la igualdad ante la ley.

5. Exigimos al gobierno en todos sus niveles, llevar adelante una gestión efectiva, oportuna y acorde a las necesidades del momento, dejando de lado especulaciones políticas y conflictividades internas, y asegurando siempre la transparencia y buena inversión de los recursos públicos. A esos fines, se ve conveniente la conformación de ámbitos de participación y control ciudadano, procedimientos que aseguren la eficacia y transparencia de la inversión, y la rendición de cuentas y una profunda investigación sobre las compras de alimentos con sobreprecios.

6. Instamos a cumplir con responsabilidad todas las medidas de distanciamiento social preventivo, y las que de manera particular deban cumplirse respecto de las personas afectadas y vulnerables. Y apoyamos la promoción de una cultura de cooperación, solidaridad y atención de los más necesitados con el apoyo de los grupos más favorecidos.

7. Manifestamos nuestro acompañamiento a las víctimas y familias de personas afectadas por el coronavirus y nuestra solidaridad y gratitud con todas aquellas que realizan tareas indispensables para el bien de la comunidad, como todo el personal del sistema de salud, bomberos, fuerzas de seguridad, transporte, comercio, servicios y producción de insumos y alimentos, entre otras.

Tenemos dos grandes tareas: enfrentar la urgencia y pensar el futuro. No puede haber antinomia entre salud y economía. Hay que preservar la salud, hay que recuperar las escuelas, las fábricas y el comercio. En conjunto, trabajar para superar la pobreza y la marginación social, el atraso y la decadencia. Salir de la coyuntura y la emergencia hacia una sociedad más justa, más de iguales, desterrando privilegios, asegurando derechos, superando confrontaciones inútiles y fortaleciendo la democracia.